La Fundación PCO defiende la reorganización de su red de almacenes

Olimerca.- La Fundación Patrimonio Comunal Olivarero ha defendido la reorganización de su red de centros de almacenamiento tras las críticas suscitadas por el cese de la actividad en las instalaciones de Martos y Montoro, cuyos ayuntamientos manifestaron el pasado 3 de julio su preocupación por una decisión que, a su juicio, suponía la pérdida de dos centros históricos vinculados al sector oleícola andaluz. 

En un comunicado, la entidad explica que la red de almacenamiento ha evolucionado de forma continua para adaptarse a las necesidades del sector. Desde llegar a contar con 18 centros, la entidad ha ido ajustando progresivamente su estructura como consecuencia de los cambios en la actividad, las nuevas exigencias administrativas y la evolución de la capacidad de almacenamiento del propio sector. 

En este sentido, recuerda que instalaciones históricas como las de Gijón, Jaén, Linares, Reus, Torredonjimeno, Pinto o Antequera ya dejaron de prestar servicio en etapas anteriores en el marco de este mismo proceso de reorganización. 

Inversiones en infraestructuras propias

Al respecto, la Fundación PCO señala que, en los últimos años, “el sector ha realizado importantes inversiones en infraestructuras propias, reduciendo progresivamente la necesidad de recurrir a servicios externos”. A ello se suma que las últimas campañas han estado marcadas por una menor producción de aceite de oliva debido a las condiciones meteorológicas, lo que ha provocado que la capacidad total disponible supere ampliamente los niveles de utilización registrados en los últimos ejercicios. 

La entidad asegura que los centros no desaparecen de la red, sino que permanecerán disponibles para reactivarse en campañas de alta producción, mientras los servicios se prestarán desde instalaciones cercanas

No obstante, la entidad reconoce que “el sector siempre ha considerado imprescindible el mantenimiento de una red estratégica capaz de cubrir demandas esporádicas en campañas de muy alta producción”. Precisamente, por este motivo, el Patronato de la Fundación acordó por unanimidad que los centros con menor nivel de utilización y que dispongan de otras instalaciones próximas pasen a prestar sus servicios desde estas últimas. Esta medida afecta a los centros de Lucena, Martos y Montoro. 

La Fundación subraya que esta decisión “no significa que dejen de formar parte de la red, sino que se conservarán adecuadamente para posibilitar su utilización futura en caso de necesidad”. 

Mensaje de tranquilidad

La entidad ha trasladado un mensaje de tranquilidad a los operadores, asegurando que los servicios de almacenamiento seguirán prestándose con normalidad a través del resto de centros disponibles. “El compromiso con el sector permanece intacto, atendiendo las necesidades existentes a través de la red actualmente disponible”, esgrimen sus responsables. 

Finalmente, la entidad reafirma su compromiso con el mantenimiento de una red estratégica de almacenamiento al servicio del sector oleícola español, “confiando en que los operadores sigan encontrando en estas instalaciones una herramienta útil para atender sus necesidades, y contribuyan, con su utilización, a garantizar la viabilidad y disponibilidad futura de este servicio”, añaden. 

Con esa misma vocación de servicio que ha guiado su actuación a lo largo de su historia, la Fundación continuará trabajando para contribuir al fortalecimiento y desarrollo del sector olivarero español, compatibilizando este objetivo con la sostenibilidad económica de la entidad. 

Exigen una vía de diálogo

Sin embargo, parece que la justificación de la Fundación PCO no ha convencido al ayuntamiento de la localidad cordobesa de Montoro que, junto a los ayuntamientos de Martos y Porcuna, ha exigido de forma conjunta la apertura urgente de una vía de diálogo con el Patronato.  

Los mismos consideran que las explicaciones ofrecidas por la fundación sobre el cierre de dos de sus centros y el despido de sus trabajadores ofrecen "poca claridad". Por tanto, en un comunicado conjunto, los consistorios han mostrado su "máxima preocupación" y argumentan que el objetivo de las administraciones locales es proteger las instalaciones de esta entidad en sus respectivos municipios.