COAG UPA norma de comercialización

Olimerca.- El sector del aceite de oliva cuenta desde ayer con una nueva norma de comercialización para la campaña 2025/26, aprobada por el Ministerio de Agricultura y publicada en el Boletín Oficial del Estado. La medida busca evitar distorsiones de mercado ante posibles situaciones de exceso de producción, permitiendo la retirada temporal de hasta un 20% del aceite disponible. 

La norma fija criterios objetivos para su activación —cuando existencias y producción superen el 120 % de la media de las seis campañas anteriores— y establece mecanismos de almacenamiento y seguimiento por parte de las almazaras. 

COAG y UPA valoran positivamente la medida que permitirá retirar producto en caso de sobreoferta 

Tanto COAG como UPA han aplaudido su publicación. Ambas organizaciones agrarias coinciden en que esta norma es un paso decisivo hacia un modelo de mercado más justo, transparente y sostenible. Ahora, la prioridad será asegurar su correcta aplicación y avanzar en su mejora para que el aceite de oliva siga siendo motor económico, social y territorial en las zonas rurales. 

Mecanismo eficaz de autoregulación 

Desde COAG, destacan que esta herramienta dota al sector de un mecanismo eficaz de autorregulación “tras cuatro años de espera”, protegiendo la rentabilidad de los olivareros y evitando caídas de precios por debajo de los costes de producción.  

En un comunicado, la organización agraria explica que, aunque las condiciones actuales no hagan necesaria la activación inmediata de las medidas de retirada, considera imprescindible que esta norma esté plenamente desarrollada y lista para su aplicación. La experiencia de campañas anteriores demuestra que contar con herramientas de autorregulación preparadas es esencial para poder reaccionar con rapidez y eficacia cuando se produzcan situaciones de sobreoferta. 

Además, subraya que se trata de una “herramienta de salud pública", ya que “permitirá a los consumidores acceder, a precios asequibles, al producto base de la dieta mediterránea", ha subrayado Francisco Elvira, portavoz del sector de olivar de COAG. 

En este sentido, COAG explica que esta norma beneficia tanto a los olivareros como a los consumidores por varias razones fundamentales. Para los olivareros... 

  • Evita que los precios en origen caigan por debajo de los costes de producción, algo expresamente prohibido por la Ley de la Cadena Alimentaria.  
  • Garantiza la rentabilidad de las explotaciones olivareras, muchas de ellas pequeñas y medianas y ubicadas en zonas rurales que dependen económicamente del olivar.  
  • Proporciona estabilidad y previsibilidad al mercado, permitiendo una planificación más eficaz de las campañas.  

Mientras que para los consumidores, esta norma... 

  • Preserva la sostenibilidad económica y social de la producción de aceite de oliva virgen extra, un alimento esencial en la dieta mediterránea cuyo valor nutricional ha sido refrendado por centenares de estudios científicos.  
  • Garantiza el mantenimiento de un sector productor viable que pueda seguir ofreciendo productos de máxima calidad.  
  • Contribuye a evitar desequilibrios de mercado que a medio plazo podrían afectar negativamente al abastecimiento y a la estructura productiva del sector. 

UPA pide más ajustes en la norma 

Por su parte, UPA también ha celebrado la aprobación de esta norma, pero pide ajustes que la hagan más funcional. La organización considera que “el mercado por sí solo ha demostrado que no es capaz de generar valor para el olivar tradicional” y propone que las retiradas se limiten a los aceites de menor calidad y que se prime a quienes apuestan por la producción de valor. También reclama medidas complementarias, como limitar los rendimientos por hectárea, regular la extracción y promover la cosecha temprana. 

En este contexto, UPA pronostica que este año se venderá todo lo producido, igual que en la anterior campaña. Sin embargo, esta norma “puede en el futuro poner coto a las malas prácticas de los especuladores en el sector que todos sabemos que existen”, han señalado. 

La publicación de esta norma culmina un proceso iniciado hace cuatro años con el Real Decreto 84/2021, en el que el sector reclamaba herramientas operativas de intervención rápida ante escenarios de sobreoferta. Su puesta en marcha refuerza el papel del Ministerio como garante del equilibrio del mercado y la viabilidad económica de miles de explotaciones olivareras en España. 

Una medida criticada por la CNMC

Como se recordará, la medida anunciada por el MAPA fue criticada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al entender que podía "encarecer los precios y reducir la variedad y calidad del producto", afectando negativamente a consumidores –especialmente los de rentas más bajas– y a otros operadores del mercado, como distribuidores y exportadores. 

Al respecto, la CNMC planteó una serie de recomendaciones para garantizar que la norma tenga el menor impacto posible en la competencia y en el mercado.