CNMC perjuicios retirada de aceite

Olimerca.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha analizado el Proyecto de Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que regula la retirada obligatoria de aceite de oliva en caso de exceso de producción

La futura normativa prevé que la medida se active cuando el volumen de existencias iniciales más la producción alcance, al menos, el 120% de la media de las seis últimas campañas, con un límite máximo del 20% de la producción estimada. 

Aunque tanto la normativa europea como la nacional permiten este tipo de actuaciones, la CNMC advierte de que dicha retirada obligatoria de aceite puede encarecer los precios, reducir la variedad y calidad del producto, y afectar negativamente a consumidores –especialmente los de rentas más bajas– y a otros operadores del mercado, como distribuidores y exportadores. 

Recomendaciones de la CNMC 

Al respecto, la CNMC plantea una serie de recomendaciones para garantizar que la norma tenga el menor impacto posible en la competencia y en el mercado: 

  • Reforzar su justificación, identificando los objetivos y los efectos esperados para los agricultores, operadores y consumidores. 
  • Valorar alternativas –almacenamiento privado o los instrumentos de la normativa de la cadena alimentaria– antes de recurrir a la retirada obligatoria de producto. 
  • Recordar que cualquier intervención pública debe ser proporcional, transparente y con el menor impacto posible sobre el funcionamiento competitivo del mercado. 
  • Mejorar la metodología de cálculo para determinar una situación de desequilibrio de mercado y el cálculo del porcentaje de retirada para cada almazara. 
  • Concretar los sujetos obligados considerando el impacto económico de la obligación de almacenamiento durante la campaña. 
  • Reforzar los mecanismos de control y seguimiento de la medida, permitiendo su derogación anticipada si las condiciones de mercado cambiaran. 

La entidad recuerda que, según la Ley 3/2013 de creación del organismo, puede emitir informes consultivos a petición de las instituciones públicas y privadas competentes, o actuar de oficio en defensa del buen funcionamiento del mercado y de los consumidores. 

El sector del aceite de oliva es estratégico para España, que lidera la producción y exportación mundial, con un gran peso económico y social en las zonas rurales.