Olimerca.- El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto-ley 4/2025, de 8 de abril, de medidas urgentes de respuesta a la amenaza arancelaria y de relanzamiento comercial, con 176 votos a favor, 169 en contra y 4 abstenciones.  

Las medidas contempladas dentro de la normativa se integran en el Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial impulsado por el Gobierno para mitigar los impactos negativos de la política arancelaria de Estados Unidos. Está dotado con 14.100 millones de euros y tiene como objetivos proteger a los trabajadores y a las empresas afectadas por la subida de aranceles, reorientar su capacidad productiva e impulsar su presencia en nuevos mercados. 

El Ejecutivo asegura que “la subida de aranceles anunciada por la administración de Estados Unidos podría tener un impacto económico en la economía española, en especial en los sectores y empresas más expuestas al comercio con ese país”. Si bien, según sus estimaciones, será moderado debido a que el comercio bilateral de mercancías con EEUU tiene un “peso relativo” en el PIB español. 

Dos líneas estratégicas 

El Plan, que cuenta con un presupuesto de 14.100 millones de euros -7.400 millones de nuevos recursos financieros y 6.700 millones provienen de instrumentos ya existentes-, desplegará los instrumentos financieros y comerciales a disposición del Estado para favorecer la inversión productiva y facilitar liquidez y la actividad exportadora de las empresas afectadas a través de dos líneas estratégicas: una red de protección del tejido productivo y el impulso y reconversión a la internacionalización. 

El Plan, que cuenta con un presupuesto de 14.100 millones de euros, se ejecutará a través de dos líneas estratégicas: una red de protección del tejido productivo y el impulso y reconversión a la internacionalización 

Para la protección del tejido productivo se destinará una línea de avales de 5.000 millones de euros gestionada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) con el objetivo de facilitar el acceso a financiación que favorezca el mantenimiento de la actividad productiva y el empleo de las empresas exportadoras e importadoras afectadas por el cambio de política arancelaria estadounidense. El primer tramo de esta línea, dotado con 1.000 millones de euros, se activó el 15 de abril tras el acuerdo del Consejo de Ministros. 

Asimismo, se activará una línea ICO financiación dotada con 1.000 millones de euros para financiar las necesidades de circulante o de inversión de las empresas; la ejecución del Plan MOVES III, dotado con 400 millones de euros, de incentivos a la adquisición de vehículos eléctricos y despliegue de infraestructuras de recargas cuya vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2025. 

Para instalar y modernizar plantas o procesos productivos, as empresas podrán optar al Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva, dotado con 200 millones de euros; al tiempo que las empresas más expuestas y afectadas por los aranceles podrán solicitar la implantación de medidas de flexibilidad laboral para mantener el empleo en el marco del mecanismo RED (Red de Flexibilidad y Estabilización del Empleo). 

Respecto a las medidas destinadas a la reconversión e impulso a la internacionalización, que ya se activaron en el real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 8 de abril, se contempla el refuerzo del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) hasta los 700 millones de euros. Asimismo, se incluye una dotación de 20 millones de euros adicionales para financiar operaciones no reembolsables y seguir apoyando las iniciativas estratégicas de política comercial internacional de España. 

Se amplia, asimismo, la cobertura de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) con un incremento del límite máximo de cobertura de 15.000 millones de euros, lo que permite la movilización inmediata de 2.000 millones de euros destinados a proyectos internacionales afectados por los nuevos aranceles; al tiempo que se potenciará la utilización del sistema del Convenio de Ajuste Recíproco de Intereses (CARI), lo que permitirá a las empresas protegerse ante cambios en los tipos de interés vinculados a la actividad comercial internacional. 

Medidas adicionales 

Además, en el marco de este Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial, el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) pondrá en marcha un plan de relanzamiento para acompañar a los sectores afectados por el nuevo escenario comercial, tanto para afianzar su posicionamiento en el mercado estadounidense como para facilitar su acceso a nuevos mercados. 

Recanalización de hasta 5.000 millones de euros de fondos del Plan de Recuperación para acompañar al tejido productivo en su proceso de transformación. Estas herramientas facilitarán desde la rehabilitación energética de instalaciones hasta la adaptación tecnológica y la adquisición de nueva maquinaria para impulsar la competitividad industrial. 

Consulta pública europea  

En el plano internacional, la Comisión Europea ha puesto en marcha una consulta pública sobre una lista de importaciones estadounidenses que podrían ser objeto de contramedidas de la UE, “si las negociaciones en curso entre la UE y los EEUU no dan lugar a un resultado mutuamente beneficioso y a la supresión de los aranceles estadounidenses”. 

La Comisión Europea ha puesto en marcha una consulta pública sobre una lista de importaciones estadounidenses que podrían ser objeto de contramedidas de la UE 

“Desde que los Estados Unidos impusieron sus aranceles injustificados y perjudiciales, la UE ha dado prioridad a encontrar una solución mutuamente beneficiosa y equilibrada a través de negociaciones, incluso en el marco de la suspensión parcial de aranceles de 90 días anunciada por los Estados Unidos. Estas negociaciones están en curso tanto a nivel político como técnico”, asegura el ejecutivo comunitario. 

Mientras tanto, Bruselas sigue preparando posibles contramedidas para defender a sus consumidores y a la industria, paralelamente a las negociaciones y en caso de que estas no logren un resultado satisfactorio.  

Es preciso destacar que, aunque la consulta pública es un paso necesario en este proceso, no da lugar automáticamente a la adopción de contramedidas.