Olimerca.- El pasado 22 de noviembre los patronos de la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero (entre los que se encuentran el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Comercio, además de todos los representantes del sector del olivar y del aceite de oliva) aprobaron la puesta en marcha de una nueva Certificación de Calidad voluntaria, que sería otorgada por la propia Fundación, y que supondría que para aquellas empresas que se adhieran a la misma la eliminación de la aplicación obligatoria de la valorización organoléptica mediante el Panel Test.

El sector del aceite de oliva necesitaba urgentemente disponer de una norma de calidad propia, adaptada a la realidad actual, y derogar definitivamente la Reglamentación Técnico-Sanitaria de Aceites Vegetales Comestibles que data del año 1983. En estos momentos estamos ante una oportunidad de oro para poner fin a algunos de los problemas más relevantes del sector.

Según declaraciones de Rafael Sánchez de Puerta, Presidente de la Fundación PCO, “una de las herramientas imprescindibles para conseguir combatir el fraude es el desarrollo de un sistema de trazabilidad telemático que controle rigurosamente los movimientos entre operadores y gracias a los trabajos que ha desarrollado durante el último año la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero, en la que está representado todo el sector y el propio Gobierno de España, contamos ya con un sólido sistema a nuestra disposición, basado en tecnología “blockchain” que le confiere una total garantía de inviolabilidad de la información, y que se basa en el registro, seguimiento y control de todos los movimientos de cisternas que transportan nuestros aceites entre los distintos actores.

Sánchez de Puerta afirma que “Hablamos de un esquema de certificación de la calidad de producto, de tal forma que las empresas que voluntariamente lo deseen, puedan someter sus lotes de aceite de oliva virgen extra previo a su comercialización a un examen por parte de un panel de control oficial de forma que en caso de cumplir con unos parámetros de calidad más estrictos que los que marca la propia normativa comunitaria, reciban una certificación de conformidad válida por 12 meses. Nos encontramos ante un consumidor exigente, que demanda un producto seguro y con unos altos estándares de calidad. Y nosotros estamos en el deber de proporcionárselo. Para ello es indudable que el sistema de trazabilidad y la certificación de calidad aprobada jugarían un papel clave.