Olimerca.- La Ley de la Cadena Alimentaria nació con la ambiciosa promesa de equilibrar las relaciones comerciales dentro del sector agroalimentario y garantizar que agricultores y ganaderos percibieran precios que cubrieran sus costes de producción. Sin embargo, varios años después de su entrada en vigor, las cooperativas andaluzas consideran que el resultado ha sido muy distinto al esperado.
En este contexto, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía ha vuelto a alzar la voz para denunciar que la norma no solo no ha resuelto los problemas estructurales de rentabilidad del campo ni ha garantizado mejores precios en origen, sino que ha añadido nuevas cargas burocráticas, riesgos jurídicos e incertidumbre comercial para productores y cooperativas. Por tanto, esgrime que no ha corregido los desequilibrios del mercado.
Desde la organización sostienen que la ley se presentó como una herramienta de protección para agricultores y ganaderos, pero la realidad es que está generando problemas de aplicación y dificultando la actividad comercial de muchas explotaciones y cooperativas.
Una norma difícil de aplicar
La principal crítica de la federación se centra en la obligación de acreditar que los precios cubren los costes de producción. Según argumenta, la enorme diversidad de modelos productivos existentes dentro de un mismo sector hace prácticamente imposible establecer referencias homogéneas y objetivas.
Además, denuncian que ya se están produciendo sanciones derivadas de la dificultad para cumplir determinados requisitos de la norma, una situación que consideran especialmente preocupante en un contexto de mercados cada vez más globalizados.
Para la organización, el problema de fondo es que la legislación se aplica exclusivamente a los operadores españoles mientras que las producciones importadas continúan accediendo al mercado comunitario sin estar sometidas a las mismas exigencias.
El olivar, ejemplo de las contradicciones
El sector oleícola es uno de los casos que mejor ilustran, según la federación, las limitaciones de la actual normativa. En Andalucía conviven explotaciones tradicionales, intensivas y superintensivas, cada una con estructuras de costes muy diferentes. Esta diversidad dificulta enormemente establecer una referencia única sobre los costes de producción.
El sector oleícola es uno de los casos que mejor ilustran, según la federación, las limitaciones de la actual normativa
Por tanto, pretender fijar una regla para realidades productivas tan dispares, sin tener en cuenta la diversidad de modelos, rendimientos, campañas y mercados, genera inseguridad y no soluciona el problema de fondo. A ello se suma la competencia de aceites procedentes de terceros países con menores costes laborales, ambientales o regulatorios.
Desde Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía consideran que la Ley de la Cadena no protege al productor español cuando debe competir en los mercados internacionales con operadores que no están sujetos a las mismas obligaciones.
Revisión urgente de la normativa
Ante este escenario, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía reclama una revisión profunda de la Ley de la Cadena Alimentaria que tenga en cuenta la realidad de los mercados internacionales y las particularidades de cada sector productivo.
La organización defiende que cualquier reforma futura debe incorporar mecanismos eficaces para evitar situaciones de competencia desleal, reforzar los controles sobre las importaciones y establecer cláusulas espejo que obliguen a los productos procedentes de terceros países a cumplir los mismos estándares exigidos a los productores europeos.
Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía reclama una revisión profunda de la Ley de la Cadena Alimentaria que tenga en cuenta la realidad de los mercados internacionales y las particularidades de cada sector productivo
Asimismo, solicita la creación de instrumentos compensatorios para aquellas campañas en las que la aplicación de la normativa impida comercializar determinadas producciones en condiciones competitivas.
Desde la entidad insisten en que el objetivo no es cuestionar la necesidad de que agricultores y ganaderos obtengan una remuneración justa, sino garantizar que las herramientas diseñadas para lograrlo sean realmente eficaces. Por ello, reiteran su intención de seguir trasladando estas reivindicaciones tanto a las instituciones europeas como al Ministerio de Agricultura y a la Junta de Andalucía.
“No necesitamos más burocracia. Necesitamos reglas justas y medidas que posibiliten que la producción de alimentos en Andalucía sea una actividad viable, rentable y competitiva”, concluye la entidad.