Olimerca.- Una subida del precio del agua amenazaría la supervivencia de muchos cultivos. Así lo señala la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), que defiende que en España se recuperan el 80% de los costes financieros relacionados con el agua y cerca del 70% de los costes totales, lo que demuestra que se cumple sobradamente con la normativa europea.

Esto es lo que ha manifestado en la séptima alegación que ha formulado a los Esquemas Provisionales de Temas Importantes del tercer Ciclo de Planificación, que son los documentos intermedios en el proceso de planificación, cuyo plazo de consulta pública finalizó el pasado viernes.

Los regantes admiten que habría que determinar qué precio deben pagar por el agua los usuarios y qué debe cargarse a los Presupuestos Generales del Estado

En el documento se opone a una modificación del régimen económico-financiero del agua, que en su opinión sólo respondería al afán recaudatorio del Estado, si incrementara la carga fiscal de los usuarios. 

En concreto, la recuperación de costes en el regadío español es mayor que en países del entorno más próximo como Portugal, Italia o Grecia. Fenacore explica que las tasas permiten recuperar los gastos, pero no recaudar más de lo gastado. Por eso, advierte de que sustituir la aplicación del principio de recuperación de costes a través de los cánones y las tarifas de la vigente Ley de Aguas por un sistema de precios fijados unilateralmente por la Administración, reduciría la renta de los agricultores, mermaría el sector agrícola y dispararía el desempleo en las zonas rurales.

Asimismo, la Federación de regantes asegura que existe un límite en la fiscalidad del agua y señala el riesgo que supondría para la competitividad del regadío un aumento de la tributación. De ahí, su defensa de un esquema -desde su punto de vista- moderno y alineado con los criterios económicos y tributarios actuales del pago por servicios y la autofinanciación.

En cualquier caso, los regantes admiten que habría que determinar qué precio deben pagar por el agua los usuarios y qué debe cargarse a los Presupuestos Generales del Estado, ya que los costes ambientales tienen que ser asumidos por la sociedad en su conjunto.