Olimerca.- El sector industrial relacionado con la producción de energía con biomasa  y biogás podría verse abocado a un negro futuro si no se modifican las dos nuevas medidas adoptadas en el pasado Consejo de Ministros.

La Unión por la Biomasa (antes Probiomasa), que aglutina a 37 asociaciones e instituciones, ya ha afirmado que “el Gobierno se empeña en hacer inviable en España la generación de energía a través de las biomasa” con dos nuevas medidas: la primera, que a partir de ahora se referenciará la actualización anual de las primas, que venía haciéndose al IPC, a sólo una parte de él, excluyendo de la actualización los costes de materias primas así como los de operación y mantenimiento; y la segunda, que se expulsa a la biomasa eléctrica del mercado condenándola a ir a tarifa.

Antes de que se aprobara la tasa del 7% a la generación de energía eléctrica, Unión por la Biomasa  pedía al Gobierno la elaboración urgente de un decreto específico para este tipo de industrias que contemple sus particularidades y los magníficos beneficios que inducen, a lo que se une ahora otro real decreto que modifica la fórmula de retribución a las instalaciones del régimen especial, lo que ha despertado una gran indignación en el sector. 

El sector sostiene que viene defendiendo que los beneficios que comparten con el resto de renovables (empleo, incremento de ingresos públicos, reducción de contaminación y de costes de emisión, etc.) se producen con mayor intensidad en el sector de la bioenergía y se añaden otros que “justificarían aún más la exclusión de la biomasa de la intención del gobierno de congelar la actualización de primas”. 

Desde Unión por la Biomasa inciden especialmente en el caso del desempleo, y recuerdan que “si las plantas que hay en proyecto (biomasa, biogás y fracción orgánica de residuos sólidos urbanos) pudieran asegurarse una mínima viabilidad generarían más de 80.000 empleos”.

Con respecto al cambio de tarifa, la Unión recuerda que hasta ahora la inmensa mayoría de los productores (en torno al 82%) vendía su producción a precios de mercado (pool) puesto que permitía sumar la prima. “Con la medida ahora impuesta –señalan–  todos esos productores deberán ir obligatoriamente a precios de tarifa, puesto que los números a precio de mercado eléctrico convierten en absolutamente inviable la mera supervivencia de las plantas”.

La conclusión es que “esto supone un nuevo recorte de su ya exigua rentabilidad, que se suma a los efectos negativos de la nueva y reducida actualización por un IPC muy reducido, y a la dura carga del impuesto del 7% con que el Gobierno grava la producción desde hace poco”.