Olimerca.- En el día de ayer, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha emitido un comunicado en el que reconoce que la concentración de la oferta de productos agroalimentarios entre varias organizaciones de productores agrícolas y asociaciones puede constituir un acuerdo en el sentido del derecho de la competencia, además de reconocer que está permitida si responden de manera proporcionada a los objetivos asignados a esa organización o asociación.

Los hechos se remontan a 2012 cuando la autoridad de competencia francesa sancionó algunas prácticas anticompetitivas en la industria de producción y comercialización. Estas prácticas, realizadas por organizaciones de productores (OP), asociaciones de organizaciones de productores (AOP), así como por diversos organismos y empresas, consistían esencialmente en la concertación para regular la oferta en el mercado y sus precios.

Para impugnar la multa de casi 4 millones de euros que se les impuso, las organizaciones de productores y otros organismos sancionados recurrieron a los tribunales franceses, argumentando que sus prácticas no estaban comprendidas en la prohibición de los acuerdos consagrados en la legislación de la Unión en lo que respecta a la Política Agrícola Común (PAC). Argumentan en particular que las organizaciones de productores y sus asociaciones tienen, en virtud del Derecho de la Unión, la tarea de estabilizar los precios de producción y adaptar la producción a la demanda.

Con la decisión de ayer el sector agrario cuenta con un mayor reconocimiento de las medidas introducidas en la reforma de la PAC a medio plazo contenida en el Reglamento Ómnibus para la protección de las OP y AOP y que les permitirá fortalecer la posición de los agricultores en el mercado, además de que estarán ajustándose en pleno respeto a la ley de competencia.

De hecho, en la actualidad los tribunales de Defensa de la Competencia de la UE y de otros países comunitarios no permiten estas políticas en sus distintos mercados, lo que sin duda crea conflictos en sectores como el del aceite de oliva español, que desde hace años viene reclamando poder contar con una estructura que pueda regular la oferta y la demanda, en aras de conseguir una estabilidad de los precios de cara al consumidor.

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