Olimerca.- La Comisión Europea ha publicado un primer informe que muestra la importancia de combatir las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro de alimentos en base a la aplicación de la Directiva de 2019, destinada a luchar contra estas prácticas comerciales. Uno de los límites identificados sigue siendo el desconocimiento de estos nuevos mecanismos dentro de los Estados miembros, por lo que considera importante resaltarlos.

Adoptada en 2019, la Directiva sobre prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentaria prohibía que 16 prácticas desleales afectaran negativamente a los agricultores y pequeños proveedores.

El informe presentado ayer por la Comisión Europea proporciona una actualización sobre la implementación de esta directiva. En el lado positivo, el informe muestra que todos los Estados miembros de la UE han transpuesto e implementado la Directiva a su legislación nacional, con la designación de una o más autoridades competentes para recibir quejas y garantizar el tratamiento confidencial de la información.

Sin embargo, según la Comisión, a pesar de esta legislación, se observan prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro de alimentos. Entre las más frecuentes figuran los pagos atrasados de productos agrícolas y alimenticios perecederos o no perecederos (50% y 13%), pagos no relacionados con una transacción específica (7%), pagos solicitados al proveedor por acciones de marketing (7%) así como en cuanto a almacenamiento, exhibición y listado (7%).

El informe de la Comisión identificó que alrededor del 41% de las prácticas desleales detectadas se habían identificado a nivel minorista, el 36% a nivel de la industria alimentaria y el 22% a nivel del comercio mayorista  

El informe de la Comisión identificó que alrededor del 41% de las prácticas desleales detectadas se habían identificado a nivel minorista (47% en 2022), el 36% a nivel de la industria alimentaria (27% en 2022) y el 22% a nivel del comercio mayorista (25% en 2022). En 2023, se abrieron alrededor de 1.500 investigaciones, de las cuales alrededor del 17% dieron como resultado una infracción sancionada que se tradujo en unos 22 millones de euros recaudados en multas.

Aunque la Comisión reconoce que el conocimiento de la existencia de las normas de la UE sigue siendo bajo (el 38 % de los encuestados lo sabía), el impacto en el sector agrícola va más allá de estas cifras, ya que alrededor del 30% de los encuestados no se queja de tales prácticas por miedo a ser excluido de la lista o sufrir otras formas de represalias por parte de los compradores. Por eso se debe garantizar el anonimato (y no sólo la confidencialidad) a los agricultores que sufren estas prácticas injustas y abusivas para que puedan denunciar de manera efectiva.