Olimerca.- La Comisión Europea ha aprobado el Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC) 2023-2027 presentado por España. Una PAC “más justa, más sostenible y más social, que dispondrá del presupuesto y las herramientas necesarias para avanzar hacia una agricultura más innovadora y digital, con el foco puesto en el relevo generacional”, según el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Junto al español, la Comisión Europea ha aprobado también los planes de Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Polonia y Portugal.
Para el ministro Luis Planas se trata de una excelente noticia, porque esta aprobación da certidumbre y seguridad al sector agrario, ya que la PAC supone entre un 20 y un 30% de las rentas que perciben agricultores y ganaderos. Se trata de un plan estratégico diseñado para asegurar la rentabilidad, la competitividad y la sostenibilidad de la agricultura y la ganadería españolas y de los territorios rurales donde se asienta.
Además, con el plan han quedado aprobadas las medidas de apoyo al desarrollo rural, tanto las impulsadas por las comunidades autónomas como las de competencia estatal. Por lo tanto, el plan recoge en un documento único de programación medidas que en periodos pasados se distribuían a través de los diferentes Planes de Desarrollo Rural autonómicos, aprobados en distintos plazos, que podrán empezar a gestionarse sin retrasos, como ocurrió en las anteriores PAC.
Principales novedades
El plan supone una herramienta clave para facilitar la respuesta de la agricultura a las demandas medioambientales y sociales de la sociedad. Para ello, va a impulsar cambios profundos, pero graduales, para lograr una agricultura más justa, rentable y social.
Los agricultores y ganaderos españoles van a contar con más de 4.800 millones de euros anuales en ayudas directas, de las que un 61 % irán destinadas al apoyo a la renta (a través de la ayuda básica y el pago redistributivo), un 23 % al pago por compromisos ambientales (ecorregímenes), un 14 % a ayudas asociadas para ciertas producciones y actividades ganaderas, y un 2 % para el pago complementario a jóvenes.
Entre las principales novedades del plan, el sector contará a partir de 2023 con el nuevo pago redistributivo, una ayuda a la renta adicional para las primeras hectáreas de cada explotación destinada a favorecer la redistribución de ayudas hacia las pequeñas y medianas explotaciones, en su mayoría de carácter familiar y profesional.
El plan incluye un presupuesto anual de 1.762 millones de euros para impulsar el desarrollo rural
Además, el plan reserva aproximadamente 230 millones de euros anuales para ayudas específicas para los jóvenes, a través del pago complementario de las ayudas directas y de los fondos de desarrollo rural destinados a impulsar la primera instalación.
Otra de las grandes novedades reside en que las mujeres que se instalen al frente de una explotación agraria percibirán un 15% adicional en el complemento de la ayuda a la renta que reciben los jóvenes.
Junto con las ayudas directas, el plan incluye un presupuesto anual de 582 millones de euros para programas sectoriales (frutas y hortalizas, vino, apicultura) y de 1.762 millones de euros de gasto público total para las medidas de desarrollo rural.
Entre estas últimas, las principales partidas van destinadas a inversiones (740 millones de euros, de los que un 44 % serán para inversiones con fines ambientales); 370 millones de euros para los agricultores que asuman compromisos ambientales de carácter plurianual; 160 millones de euros para los programas LEADER; 140 millones de euros para las explotaciones que desarrollan su actividad en zonas con limitaciones naturales; 135 millones de euros anuales para el establecimiento de jóvenes agricultores; y 70 millones de euros anuales para medidas de innovación, asesoramiento y formación.
Ecorregímenes y paquete legislativo
Por otro lado, el plan recoge el compromiso de España con los objetivos del Pacto Verde europeo. Por eso, se destinará un 23 % del presupuesto de la PAC para llevar a cabo prácticas agrícolas o ganaderas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, a través de los denominados ecorregímenes, diseñados para que tengan una amplia acogida.
Los ecorregímenes incluyen prácticas como el pastoreo extensivo, el mantenimiento de pastos, las rotaciones de cultivo, la agricultura de conservación, las cubiertas vegetales o las superficies destinadas a la biodiversidad. Se trata de medidas de carácter voluntario, que los agricultores deben analizar desde este mismo momento con el fin de poder elegir qué prácticas solicitar el año que viene y obtener estas ayudas adicionales, además de contribuir a la consecución de los fines ambientales.
En estos momentos, el Gobierno trabaja en los cambios legales que acompañan al Plan Estratégico: 18 reales decretos y una ley, que ya se encuentra, por el trámite de urgencia, en el Congreso de los Diputados para que la nueva PAC entre en vigor el 1 de enero de 2023.
Entre ellos se encuentran los borradores de reales decretos que se publicaron a finales del pasado mes de julio para su audiencia pública y han permitido dar a conocer al sector los detalles de cómo se aplicarán a partir de la próxima campaña elementos tan importantes de la PAC como la condicionalidad, los derechos de ayuda básica o los detalles de las diferentes medidas, incluidos los requisitos y los importes previstos para los ecorregímenes.
Hablan los expertos
La aprobación del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC) 2023-2027 presentado por España ha desatado una oleada de opiniones en el sector oleícola, uno de los más afectados por la normativa.
Los bandos (a favor y en contra) recrudecen sus posturas, que se debaten entre el reconocimiento final de unas peticiones que la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) llevaba décadas elevando para beneficio del campo español, y las pérdidas millonarias que vaticinan supondrá para el sector del olivar organizaciones como la Junta de Andalucía, Asaja-Andalucía, COAG-Andalucía y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía.
Así, UPA se congratula de que, finalmente, “ver reflejadas en la legislación europea y nacional todas sus reivindicaciones históricas”, aunque reconoce que aún “queda mucho camino por recorrer”.
Cristóbal Cano (UPA Andalucía): "La PAC recoge medidas en defensa del modelo mayoritario"
“La PAC es nuestra”, titula la portada del último número de su revista corporativa La Tierra, del pasado mes de junio, donde advirte que permanecerá vigilante para garantizar “que no se repita aquello de que quien hace la ley, hace la trampa, en cuanto a los techos máximos de ayudas”.
Asimismo, la organización se demuestra dispuesta a controlar desde la presión sindical que todas las Administraciones autonómicas respeten en su integridad los criterios de la nueva PAC y el plan estratégico aprobado para su aplicación en España, que preconizan como muy fructífera. "El Plan Estratégico de la PAC recoge medidas importantes para defender el modelo mayoritario en Andalucía, el de la agricultura y ganadería familiar”, asegura el secretario general de UPA Andalucía, Cristóbal Cano, en declaraciones a distintos medios.
Pero, del otro lado, otro amplio espectro del sector agrario andaluz, representado por Asaja-Andalucía, COAG-Andalucía y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, muestra su rechazo y decepción por la aprobación definitiva del Plan Estratégico de la PAC.
En su opinión, el documento supone "una vía libre para quitarle a Andalucía 500 millones de euros y machacar su modelo social y profesional de agricultura que mantiene vivo su medio rural" y está redactado "sin diálogo, sin estudio de impacto previo y sin criterios técnicos o agronómicos, priorizando los intereses de algunas comunidades, generando desequilibrios y agravios territoriales".
Y es que, según los datos manejados desde Andalucía, las medidas del Ministerio van a provocar un descalabro económico en el territorio y un trasvase de ayudas desde esta región a otras comunidades, ya que, entre otras cosas, se penaliza la diversidad productiva al reducir el número de regiones (de las 50 actuales a 20) sin
considerar las especificidades de algunas de las comarcas agrarias que más ayudas de pago básico
generaron en las provincias de Sevilla, Jaén o Huelva, que quedan degradadas y e integradas en
regiones menos productivas.
Vicente Pérez (Junta de Andalucía): "Las pérdidas en el olivar podrían ser de 60 millones de euros anuales"
Para estas organizaciones, el impacto de estas medidas será "dramático" y se sumará a las pérdidas ocasionadas por el contexto actual de sequía extrema, crisis energética e incremento de los costes de producción para acabar con la rentabilidad de miles de explotaciones andaluzas.
Los datos aportados por la Consejería de Agricultura de Andalucía hablan de una merma del 30% en las ayudas de750.000 hectáreas de secano, la pérdida del 25% de las ayudas percibidas en el periodo actual por 700.000 hectáreas de olivar y una reducción de entre el 30 y el 40% de las ayudas de todo el regadío.
Del mismo modo, el secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Junta de Andalucía, Vicente Pérez, ha aprovechado su intervención en las recientes jornadas de Futuroliva celebradas en Baeza (Jaén), para recordar que el campo andaluz "perderá 100 millones de euros al año" con el Plan Estratégico de la PAC, asegurando, además, que sus estimaciones coincidían “bastante” con los cálculos realizados por las organizaciones agrarias y las cooperativas de la comunidad.
El olivar, principal cultivo de Andalucía, será el que, a su juicio, sufrirá más pérdidas, que podrían llegar a los 60 millones de euros al año. La merma en zonas como la comarca de La Loma, por ejemplo, perderá casi 18 millones de euros anuales, según la Junta. Pérez lamentaba la caída en saco roto de las peticiones realizadas al MAPA para la creación de una PAC “que no sea perjudicial para Andalucía”.
También asegura que, aunque ve claro que “Andalucía seguirá siendo la comunidad que más fondos reciba de la PAC”, al concentrar ya el 33% de los perceptores, los profesionales del campo andaluz aprovecharán “cada euro” para fomentar su competitividad, sostenibilidad y capacidad de innovación. En este sentido, recuerda que ya hay más de 400.000 hectáreas de olivar en producción integrada y más de 120.000 en ecológico.