Olimerca.- El consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha anunciado que el Gobierno de la región va a poner a disposición del sector agroalimentario 250 millones de euros solo con las ayudas FOCAL, para potenciar la innovación tecnológica, siendo una cuantía que permitirá movilizar más de 1.300 millones de euros de inversión privada desde el año 2016. 

Martínez Arroyo ha explicado que, este mismo mes de julio, se va a publicar una nueva convocatoria FOCAL, dotada con 70 millones de euros y que supone una apuesta más por la calidad del sector agroalimentario, de la cual se beneficiarán empresas agroalimentarias.

Ayuda al olivar de bajo rendimiento
Asimismo, el consejero ha incidido en que en la nueva PAC, que entre en vigor a partir del año 2023, se va a contar con una ayuda específica para el olivar de bajo rendimiento a nivel nacional, algo que ha sido puesto sobre la mesa por Castilla-La Mancha desde hace más de tres años y que queda recogido en el documento de posición de marzo de 2018, donde se proponía una medida concreta para este modelo de olivar, que “tiene que ser rentable para que cooperativas como ésta puedan vender bien el producto”, según ha detallado Martínez Arroyo.

Al respecto, ha recordado que esta misma semana “hay una reunión técnica entre el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas, para abordar los distintos puntos ante la posición política de España ante esta nueva PAC, y en breve se mantendrá un encuentro con el ministro y los consejeros y consejeras de Agricultura de España, para alcanzar un acuerdo”.

Además, el consejero ha dicho que, si la ayuda del olivar ya está incluida, “se contempla, además, en esta posición nacional, algo en lo que Castilla-La Mancha había sido muy contundente”. En este sentido, ha insistido que “no queríamos que ningún agricultor o ganadero se quedara fuera como pasó con la anterior negociación, que fue un error” ya que, según ha apuntado, “se vendía que se eliminaba a los agricultores de sofá y, realmente, desaparecieron aquellos agricultores y ganaderos pequeños, base de la economía social, porque cobraban menos de 300 euros”.

“Esto no va a pasar más porque hay cierto consenso”, ha dicho Martínez Arroyo, añadiendo que el objetivo es que “todos los agricultores, por pequeños que sean, puedan alcanzar los requisitos del agricultor genuino y para nosotros esto era fundamental”.