Olimerca.- Las organizaciones agrarias andaluzas Asaja-Andalucía, COAG-Andalucía y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, lamentan que la Comisión Europea haya validado políticamente el Plan Estratégico de Luis Planas, que previsiblemente tendrá el visto bueno en unas semanas para su puesta en marcha a partir del 1 de enero de 2023. 

Consideran que la hoja de ruta del Ministerio de Agricultura hurta 500 millones de euros a la principal región agraria de España, además de penalizar su apuesta por la diversificación y la sostenibilidad, señas de identidad del sistema agroalimentario andaluz. 

Según aseguran en un comunicado conjunto, “el Plan es fruto de la política autoritaria de Luis Planas, que lo ha redactado sin diálogo, sin estudio de impacto y sin criterios técnicos o agronómicos, priorizando los intereses de algunos territorios, cargándose el modelo social y profesional de agricultura en beneficio de los fondos de inversión y obviando el rechazo unánime del campo andaluz, el que cultivan uno de cada tres perceptores españoles de la PAC”. 

Los representantes del agro andaluz critican “la hipocresía de Luis Planas al asegurar que el Plan Estratégico de España es muy equilibrado” cuando, afirman “en ningún momento ha puesto sobre la mesa los estudios económicos y de impacto que se le han solicitado

Los representantes del agro andaluz critican “la hipocresía de Luis Planas al asegurar que el Plan Estratégico de España es muy equilibrado”. Si bien, los datos manejados desde Andalucía señalan claramente que las medidas propuestas por el Ministerio provocarán un descalabro económico en el territorio y un trasvase de ayudas desde esta región a otras comunidades”.

Perjuicios para el sistema agroalimentario
Como recuerdan las organizaciones firmantes, el Plan Estratégico de Luis Planas perjudica gravemente al actual sistema agroalimentario andaluz. 

Primero, porque penaliza la diversidad productiva al reducir el número de regiones (de las 50 actuales a 20) y porque su reconfiguración es muy lesiva para Andalucía, ya que algunas de las comarcas agrarias que más ayudas de pago básico generaron en las provincias de Sevilla, Jaén o Huelva quedan degradadas y se integran en regiones menos productivas. Esta discriminación se evidencia, por ejemplo, en que a nivel estatal se han configurado dos regiones de pastos y solo una de regadío.

En segundo lugar, el número de ecoesquemas y el reparto de los fondos de esta partida propuesto por el Ministerio es a todas luces insuficiente si se quiere impulsar una producción agraria más verde, como señala Bruselas. Además, para el campo andaluz es un error no vincular esta arquitectura medioambiental a las regiones productivas. Por ello, las organizaciones esperan que la falta de consenso entre los Estados miembro sobre la aplicación de este nuevo sistema, unida a la situación de incertidumbre creada por la guerra en Ucrania, retrasen la puesta en marcha y planteen una revisión de la partida que sustituirá al pago verde.