Olimerca.- “No estamos en contra de la reforma de la ley. Las cooperativas son las primeras defensoras de la norma y de vender siempre por encima de costes (…) pero la ley, tal y como está planteada, no se puede aplicar con garantías de éxito y genera muchas incertidumbres, por lo que el Consejo Rector de la federación ha aprobado encargar a un despacho de abogados el estudio de su validez jurídica”.

Así lo ha manifestado el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Juan Rafael Leal, en un webinar sobre ‘Aplicación de la Ley de la Cadena en las Cooperativas’, en el que han participado representantes políticos en el Congreso de los Diputados y el Senado, así como de máximos responsables de entidades cooperativas y un centenar de personas inscritas.

En el acto de inauguración también ha intervenido la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, que ha calificado el proyecto de ley y la obligatoriedad de vender por encima de costes, establecida en el Real Decreto-Ley 5/2020, de “impracticable”. La consejera ha pedido “regular bien estas cuestiones, para no generar disfunciones y conseguir lo contrario a lo pretendido”.

Tal y como está planteada la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, no se puede aplicar con garantías de éxito y genera muchas incertidumbres, señalan desde Cooperativas

En su opinión, hay que poner el foco en otros aspectos como son revisar los acuerdos con países terceros; vigilar el cumplimiento de los contingentes; primar la soberanía alimentaria y la preferencia comunitaria; dotar al sector de mecanismos de mercado ambiciosos; actualizar los precios de retirada en frutas y hortalizas y los valores para el almacenamiento privado de aceite de oliva; e incluir a la distribución en las interprofesionales del sector, “en donde no pueden faltar”.

Mesas redondas
En este webinar se han celebrado dos mesas redondas. En la primera sobre ‘Análisis de la norma. Aspectos clave’, han debatido el portavoz de Agricultura en el Senado, Amaro Huelva Betanzos (PSOE), y las diputadas y portavoces de la Comisión de Agricultura en el Congreso de los Diputados, Milagros Marcos Ortega (PP) y Carmen Martínez Granados (Cs).

En una segunda mesa, los presidentes de Covap y Dcoop, Ricardo Delgado Vizcaíno y Antonio Luque Luque, respectivamente, y el director general de Unica Group, Enrique de los Ríos Porras, han debatido sobre ‘Del papel al campo. Visión cooperativa’. Los representantes de las principales entidades andaluzas han coincidido en que las cooperativas son las primeras defensoras del sector productor y, desde su conocimiento y experiencia, el Congreso de los Diputados debe modificar el proyecto de reforma de la Ley de la Cadena, a fin de no generar males mayores.

“En nuestro grupo hay miles de agricultores y olivicultores cuyos costes varían entre 1 euro el kilo de aceite y cerca de los 3 euros”, ha explicado Antonio Luque. “¿Qué hacemos? ¿A qué precio de coste vendemos? Aplicarla nos genera graves problemas internos”. En consecuencia, el presidente del grupo cooperativo multisectorial ha advertido de que esta ley puede causar una mayor atomización de las cooperativas y, por tanto, del sector productor.

Por su parte, Ricardo Delgado ha destacado que “donde está el caballo de batalla es en el coste efectivo de producción”, añadiendo que “es una tremenda indefinición y genera incertidumbre e inseguridad jurídica”.

Asimismo, Enrique de los Ríos ha completado el análisis defendiendo que de lo que se tendría que hablar es de “rentabilidad plurianual sostenida” y que no vender, por no poder hacerlo por encima de costes, lo que provoca es “abrir la puerta a los competidores”. “Como empleados de los agricultores que somos nos guiamos por el principio de utilidad y esta ley no nos vale”. “Una ley ideal sería la que bloqueara la competencia desleal y los abusos”, ha concluido el director general del principal grupo comercializador de hortícolas.

Antes de finalizar, la directora general de Industrias, Innovación y Cadena Alimentaria, Cristina de Toro, ha lamentado la poca participación que se ha dado a las comunidades autónomas en la redacción del proyecto de ley y se ha comprometido a seguir trabajando para conseguir su modificación en el trámite parlamentario.