Olimerca.- Representantes de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) han iniciado en Andalucía una ronda de presentaciones en las Comunidades Autónomas para dar a conocer las actuaciones que lleva a cabo en el control de la Ley de la Cadena Alimentaria y UPA Andalucía ha aprovechado para reclamar cambios en dicha Ley e imponer sanciones más contundentes que disuadan a la industria y distribución de llevar a cabo sus ya habituales prácticas desleales y abusivas, y acometer reformas de la ley que nos acerquen al pensamiento de nuestro vecino francés

Desde organización agraria andaluza señalan que, “a partir de datos suministrados por la AICA, de las 573 sanciones que se impusieron a lo largo de 2017, tres cuartas partes han ido dirigidas a la industria alimentaria y a la distribución, lo que deja patente los abusos de su posición de dominio al que someten a agricultores y ganaderos, y las prácticas poco éticas que llevan a cabo habitualmente con fines lucrativo y que rebasan sin escrúpulos la frontera de la legalidad”.

Es una reivindicación ya histórica de UPA Andalucía la lucha contra estas malas prácticas tales como la venta a pérdidas y el uso de productos reclamo, y han querido trasladar su preocupación por que se sigan banalizando productos agrarios de calidad como el aceite, la leche y recientemente la fresa entre otros, vitales para la economía andaluza, que generan mucho empleo y mantienen vivos los pueblos en nuestra comunidad.

En base a todas estas cuestiones, UPA Andalucía ha demandado a la AICA que se lleve a cabo “un seguimiento más exhaustivo mediante inspecciones a la industria y distribución, pero sobre todo, que se impongan sanciones más contundentes y ejemplarizantes con carácter disuasorio y para que no les siga ‘saliendo rentable’ perpetrar estas malas prácticas que tanto daño están haciendo al sector agrario”, indican desde la organización.

Por otro lado, desde UPA Andalucía consideran que la Ley "no está cumpliendo su función en absoluto, e insta al Ministerio a reflexionar sobre ello. Según la organización agraria, la ley “debe acometer reformas y orientarla a la filosofía o pensamiento que nos llega desde nuestro vecino francés”, reclaman desde la organización.

Y es que hay que recordar que se aprobó recientemente en Francia el pasado 31 de enero un ambicioso proyecto de ley de reforma del sector agroalimentario con el que se persiguen dos propósitos fundamentales: remunerar mejor a los agricultores y combatir las ofertas abusivas de las grandes superficies.