Olimerca.- La Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) verá reforzado su papel en la reforma de la Ley de la Cadena, actualmente en tramitación, y se dotará de nuevas competencias, entre las que se incluirán facultades resolutivas. Así lo ha anunciado el ministro de Agricultura, Luis Planas, durante la reunión del Consejo Asesor de este organismo, celebrada esta mañana.

Así, en la segunda fase de la modificación de esta Ley, se va a ampliar la relación de prácticas comerciales prohibidas y se va a reforzar la capacidad negociadora de todos los eslabones de la cadena, especialmente de aquellos más débiles, para que se produzca una verdadera igualdad de condiciones.

Y por encima de la eficacia en el control y sanción del cumplimiento de la ley, el ministro ha recalcado que todos los agentes que forman la cadena alimentaria deben concienciarse de la necesidad de cambiar la cultura en las relaciones comerciales, para que haya "un verdadero equilibrio de fuerzas y que todos los eslabones obtengan una remuneración justa por su actividad".

Inspecciones

A lo largo de los seis primeros meses de 2021 la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) ha realizado un total de 866 inspecciones de oficio y de ellas solo 12 en el sector del aceite de oliva, lo que supone el 1,38% del total. Sin embargo, se lleva el 19% de las sanciones emitidas, con un total de 52. Por suparte, el sector de la aceituna de mesa no ha recibido ninguna inspección de oficio.

En total se controlaron 1.288 relaciones comerciales, de las que 27 fueron en el aceite de oliva, y se recibieron 38 denuncias totales. El motivo más frecuente de las sanciones es el incumplimiento de los plazos de pago (67% del total), infracción que se concentra en el sector mayorista.

El informe presentado también recoge que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha impuesto en ese periodo 269 sanciones por incumplimientos de la Ley de la Cadena, por un montante total de 467.424 euros.

Cabe destacar que el 13,7% de estas sanciones están motivadas por la falta de indicación expresa en los contratos de que el precio pactado entre el productor primario y su primer comprador cubre el coste efectivo de producción. Se trata de un tipo de infracción nueva que se introdujo en el Real Decreto 5/2020 de medidas de reforma de la Ley de la Cadena.

En global, desde su entrada en funcionamiento en 2014, la AICA ha realizado 5.450 inspecciones y ha recibido 396 denuncias, que han devenido en la imposición de 2.743 sanciones por un montante total de 12.325.609 euros. Algo más de la mitad de las infracciones (53 %) corresponden a incumplimientos de los plazos de pago.