Olimerca.- El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación quiere acercarse a conocer de manera directa y más próxima las dudas y los interrogantes que los nuevos Reales Decretos de la Ley de la Cadena Alimentaria y de Calidad en el aceite de oliva les plantean desde los agricultores a las industrias y la distribución. Para ello, ha puesto en marcha una serie de webinar que tendrán lugar durante los próximos meses y en los que se podrán plantear todas aquellas cuestiones que despiertan un mayor interés en el conjunto del sector.

Hoy, la temática del webinar se ha centrado en los derechos y obligaciones de la Ley de la Cadena Alimentaria, en el que han participado José Miguel Herrero, Director general de Industria Alimentaria y la directora de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), Gema Hernández .

La primera intervención de José Miguel Herrero ha sido para destacar el gran paso que se ha dado en relación con garantizar y salvaguardar una justa remuneración a los agricultores por sus productos, recordando que se ha pasado del “Trato al contrato”, porque todo agricultor tiene derecho a una remuneración justa y porque es el único sector donde se sufre este problema.

Desde el Ministerio se está elaborando una guía que recogerá todas las preguntas y respuestas más frecuentes que sirvan para aclarar dudas.

A la avalancha de preguntas sobre si realizar el pago a los 30 días de la entrega del producto, el Director General ha respondido que todos los trabajadores de cualquier sector reciben su remuneración cada mes.

Respecto a la fijación de precios de coste del cultivo, un tema que ha generado una gran controversia, desde el representante del Ministerio de ha explicado que cabría dos opciones un precio fija (que sería una opción que se debería de recoger en el BOE y que debería de contar con el consenso de todo el sector) o variable, en función de un índice, si la entrega se realiza de manera repartida a lo largo de los meses. Ese índice tiene que ser objetivo, verificable y que no se pueda manipular. El mismo lo podría fijar la interprofesional de cada sector. Por último, se ha expuesto que el RD incluye una cláusula J por la que existe la la posibilidad de indicar que el precio pactado se ajusta a los costes de producción, con lo que libera de riesgos a los firmantes de ambas partes.

Por último, José Miguel Herrero a defendido que “tenemos que construir una cadena de valor en el que todos asuman sus costes y tengan sus lógicos beneficios y en este sentido España ha sido pionera en contar con una agencia de control como la AICA y por ello somos modelo de referencia en muchos países”.