Olimerca.- En un sector “sobrerregulado” que necesita más simplificación, la Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía “no es necesaria” y supondrá “un aumento de la burocracia, cuando lo que necesita es justo lo contrario”. Así lo ha puesto de manifiesto el director general de Asaja Andalucía, Vicente Pérez, en su comparecencia ante la Comisión de Agricultura del Parlamento andaluz.

Desde Asaja-Andalucía, que ha estado muy activa en toda la fase de tramitación, instan a retirar en esta fase de enmiendas parlamentarias al menos tres artículos (Art. 29, 32 y 42) y a revisar el régimen sancionador para no incurrir en una doble o triple imposición de sanciones.

Pérez ha censurado el carácter expropiatorio y confiscatorio de la Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía (art. 29 y 42) y ha rechazado la implantación de los contratos territoriales (Art. 32), figura fallida contraria a la simplificación normativa tan demandada por todos los agricultores y ganaderos.

Respecto a los contratos territoriales, Asaja-Andalucía mantiene que deberían eliminarse, pues no aportan nada más allá de los compromisos y obligaciones que todos los agricultores y ganaderos tienen asumidas por la normativa en vigor. Consideran que su implantación supondría mayor complejidad burocrática en unos momentos en los que la simplificación sigue siendo un objetivo a alcanzar en la gestión de la PAC. Y destacan que los contratos territoriales, que a modo de prueba se han implantado en otros países de Europa, han fracasado estrepitosamente, de hecho Francia dio marcha atrás y los retiró.

Además, el director general de Asaja-Andalucía ha lamentado que la Ley no ofrezca un apoyo expreso al incremento de las superficies de regadío con el agua ahorrada, que carezca de un régimen de apoyo público expreso a las organizaciones profesionales agrarias, que no reconozca el agroturismo como una actividad agrícola complementaria, que se invente un supuesto catálogo andaluz de buenas prácticas agrícolas (innecesario a todas luces por cuanto ya contamos con una normativa nacional muy clara) y que no ofrezca un compromiso legal claro y expreso en el incremento del apoyo al seguro agrario.