Consejo Consultivo de Política Agrícola.

Olimerca.- “Seguir batallando contra los injustos aranceles impuestos a los productos andaluces y españoles, especialmente al aceite de oliva, a través de una labor diplomática proactiva”. Esta es la petición que ha planteado la consejera andaluza de Agricultura, Carmen Crespo, al Consejo Consultivo de Política Agrícola reunido ayer, 10 de diciembre, en Madrid. Además, la titular del ramo ha solicitado al ministro Luis Planas una reunión bilateral para abordar la situación del sector oleícola tras la imposición de tasas por parte de EE.UU.

Crespo ha recordado que el norteamericano es “el segundo país de destino de nuestro aceite de oliva”, supone el 50% de nuestras exportaciones agroalimentarias a este país y, junto con la aceituna de mesa, son los principales afectados por los aranceles. Una vez que estos productos “ya han entrado en los lineales de los supermercados americanos” se antoja fundamental seguir peleando por anular esos aranceles.

En cualquier caso, y después de que la Comisión Europea haya establecido en 0,83 euros por tonelada y día el precio de corte de las ayudas al almacenamiento privado, la Consejería y el Ministerio reclaman “más sensibilidad” a la UE con un sector que se siente amenazado en caso de que se mantenga la política restrictiva de la Administración Trump. En esa batalla jurídica que los empresarios también han iniciado, Crespo ha incidido en la necesidad de que la UE apoye económicamente para sufragar gastos.

Según Crespo, “Andalucía necesita un nuevo sistema de gestión de crisis al que puedan acudir las interprofesionales” y por ello “estamos incidiendo mucho en la OCM (Organización Común de Mercados), tanto en lo referente a los mecanismos de retirada o almacenamiento privado como en la revisión de los precios o autorregulación”.

Crespo prioriza “abrir nuevos mercados y reabrir otros como el ruso, que permanece vetado a los productos españoles”, para lo que es necesario una mayor implicación en la promoción

PAC “fuerte y simplificada”
Durante su intervención, Crespo también ha hecho referencia a la Política Agraria Común (PAC) que ha de ser “fuerte y simplificada” en la que Andalucía actuará desde una posición de “lealtad institucional”. La consejera ha explicado que hasta junio o julio no estará definido el nuevo marco financiero, pero ha reclamado al presidente del Gobierno una defensa férrea de los intereses de los agricultores en la reunión que mantendrá próximamente al máximo nivel europeo.

La nueva comisión debe presentar un nuevo marco financiero en torno a junio de 2020 y, posteriormente, se trabajaría en las normativas. Bruselas plantea un sistema basado en Planes Estratégicos para dar más flexibilidad a los estados miembros. Crespo ha incidido en la necesidad para Andalucía de “primar la actividad agraria orientada al mercado” y utilizar el concepto “agricultor genuino” para las ayudas vinculadas a la actividad agraria, tierras en cultivo y en producción que generan economía. Por otro lado, “hemos reclamado un estudio por sectores y territorios sobre cómo afectarían a las explotaciones el capping (aplicación de límites máximos) y el pago redistributivo que propone el ministerio. En cualquier caso, es fundamental que se tenga en cuenta el número de socios”.