Hace unos días los profesores de la Universidad de Jaén y miembros de la Cátedra Caja Rural de Jaén José Luis García-Lomas Hernández de Economía, Comercialización y Cooperativismo Oleícola, Manuel Parras Rosa, Juan Carlos Rodríguez Cohard y Juan Ramón Lanzas Molina, señalábamos que no es razonable que mientras las administraciones públicas invierten importantes cantidades de recursos en promocionar el consumo de aceites de oliva, a la vez, estas mismas administraciones no obliguen, en sus contratos de concesión a terceros, a que en la elaboración de sus menús y en sus cocinas se utilicen los aceites de oliva, en general, y el AOVE, en particular, sobre todo, en aquellas regiones eminentemente productoras, como son Andalucía y, por supuesto, Jaén.

Este grupo de expertos profesores queremos poner de manifiesto que la mayor y mejor promoción de los aceites de oliva es que las administraciones públicas obliguen -si es posible por la Ley de Contratos y parece que lo es- a que las empresas concesionarias a que utilicen aceites de oliva y, si no es posible por la Ley de Contratos, impulsar un cambio normativo.

En todo caso, mientras tanto, podría incluirse una cláusula donde se indique que el compromiso de usarlo se tendrá en cuenta como un factor para la adjudicación.

El comportamiento de las administraciones públicas constituye una paradoja difícil de entender por dos motivos: por el poco coste que supondría para el usuario final que en los establecimientos de la denominada “restauración colectiva, social e institucional” se utilizasen aceites de oliva, como ha puesto de manifiesto un reciente estudio de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español y, en segundo lugar, porque lo que está en juego es mucho: la salud y la promoción de una dieta saludable.

Esperemos que en nuestros hospitales, en nuestras escuelas infantiles, en nuestras universidades, en nuestras residencias de mayores, en el ejército y en los comedores escolares, solo se utilicen aceites de oliva. La Administración pública, si así lo hiciera, además de ofrecer unos productos saludables a la población podría de paso educar a los niños en una ingesta más equilibrada y saludable, gracias a la contribución que los aceites de oliva tienen en la dieta mediterránea.

No olvidemos que una de las causas de la tendencia al descenso del consumo interno ha sido el alejamiento de los más jóvenes del consumo de aceites de oliva, con la preocupante tendencia que eso supone como indicador adelantado de reducciones futuras cuando el recambio generacional se consolide.

Por todo ello, los autores proponen impulsar un estudio semejante al realizado por la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, que permita diseñar estrategias para su impulso.

Durante la pandemia y el confinamiento, el comer en casa ha supuesto pasajeramente aumentar el consumo de aceites de oliva, pero no olvidemos que, una vez superada la Covid-19, volveremos a la normalidad, esto es, a comer más fuera del hogar que en el hogar y, en consecuencia, a consumir menos aceites de oliva y más otros aceites de semillas.

Por último, queremos señalar que sería deseable y oportuno que Andalucía liderase este movimiento en pro del consumo de aceites de oliva, en general, y del AOVE, en particular, en la restauración colectiva, mediante el apoyo de las distintas administraciones andaluzas y, además, debería persuadir a las del resto del país del referido y necesario cambio de comportamiento.

Sería el mejor apoyo de promoción a la salud y al propio sector productor.