limerca.- Carlos Cabanas, secretario general de Agricultura y Alimentación, ha presidido el encuentro anual del Consejo Asesor de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), en el que se ha presentado la Memoria Anual de Actividades correspondiente al ejercicio de 2016, así como sus actuaciones durante el primer semestre de 2017.

En el encuentro también se ha planteado el impacto de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre determinadas funciones de AICA. A este respecto, el Cabanas ha destacado que “AICA ha adecuado sus funciones a la sentencia del Tribunal Constitucional, lo que significa que va seguir haciendo las inspecciones, por denuncia y de oficio, en la Ley de Cadena Alimentaria. Por su parte, las CCAA pueden también investigar y sancionar incumplimientos de la Ley de la cadena, cada uno en su ámbito de competencia”.

También ha insistido en que la AICA “ha actuado siempre de acuerdo con la potestad sancionadora que le da la ley (art 26.1), de modo que los expedientes sancionadores tramitados hasta ahora siguen teniendo validez, al igual que las multas impuestas”.

En cuanto a los sistemas de información de mercados, la AICA continúa gestionando y manteniendo los sistemas de información, seguimiento y análisis de los mercados oleícolas, lácteos y vitivinícolas y todos los operadores siguen teniendo la obligación de hacer sus declaraciones. Sin embargo, a partir de ahora, corresponderá a las Comunidades Autónomas hacer las inspecciones a los operadores del sector oleícola para comprobar la veracidad de los datos que suministran al sistema de información de mercados.

Durante su intervención, el secretario general ha incidido en que, “en sus primeros tres años de actividad, AICA se ha convertido en un referente de control y en una herramienta útil al servicio de todos los operadores del sector agroalimentario”. Desde su creación hasta el 30 de junio, la Agencia ha propuesto 686 sanciones por un importe de 8.236.878 euros.

Además, se ha presentado al Consejo Asesor el borrador del IV Plan de Control, “completamente a la legislación vigente y acorde al principio de flexibilidad”. El Plan contempla tres líneas de trabajo: en materias relacionadas con el régimen de contratación y prácticas comerciales abusivas, las relativas a Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas y las de coordinación con otras Administraciones Públicas. Estas últimas, a su vez, se distribuyen en tres programas sobre declaraciones obligatorias del sector vitivinícola y lácteo y de colaboración con la Dirección General de la Industria Alimentaria en los sectores del aceite de oliva, leche líquida envasada y carne de pollo.