Olimerca.- La supervivencia de los agricultores que precisen riego para sus cultivos podría verse amenazada. Así lo denuncia la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), que alerta de que la factura eléctrica para los regantes podría encarecerse en algunos casos hasta un 73% como consecuencia de la nueva metodología para calcular los peajes de transporte y distribución.

La Federación ya ha enviado unas alegaciones a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para advertirle de esta situación.  

Los regantes consideran que “esta subida encubierta de la factura eléctrica viene a agravar la situación que atraviesa el sector agrícola, asfixiado económicamente por las diferencias que existen entre los costes que soportan -actualizados a 2020- y los precios a los que venden sus productos, anclados en los años 80".

En su lugar, Fenacore pide prorrogar más allá del estado de alarma la posibilidad de firmar dos contratos eléctricos al año para reducir los costes fijos (regulados), que representan más del 60% de la factura eléctrica para los agricultores, tal y como establece la Ley de la sequía de 2018, que contempla en sus disposiciones adicionales la posibilidad de modificar la potencia a lo largo de 12 meses con el objetivo de aumentarla durante la época de máximo consumo y reducirla al mínimo para el resto del año, con el que simplemente mantener los equipos.

Según Fenacore, las nuevas tarifas no tienen en cuenta las horas de mayor demanda de energía a nivel nacional para hacerlas coincidir con los periodos tarifarios más caros, desincentivando así el uso de energía en dichas horas, lo que hace pensar que el objetivo de esta medida es más recaudatorio que de eficiencia en el consumo.

Según el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, “han aumentado las horas con tarifa cara, sobre todo en verano, y han caído las horas con tarifas más baratas. Los regantes somos el segundo consumidor de energía, después de ADIF, y no encontramos una justificación técnica que avale estos cambios en el calendario, salvo la recaudatoria, dada la imposibilidad de limitar nuestros riegos a horarios intermitentes de horas valle y punta”.

En este sentido Fenacore advierte de que estos cambios normativos frenarán la modernización de las 902.000 hectáreas aún pendientes, con sus consecuentes efectos para el menor ahorro de agua y la mayor contaminación. Unas secuelas que, a fin de cuentas, alejarán el cumplimiento de algunos de los compromisos que el Gobierno ha adquirido en materia agrícola y medioambiental, ya que la propia estructura horaria fijada para el verano dificulta enormemente la compatibilización con la energía fotovoltaica para autoconsumo, la más idónea para el regadío.