Olimerca.- La Junta de Andalucía ha anunciado que defenderá que la Política Agrícola Común (PAC) a partir de 2020, que ahora empieza a negociarse, garantice el mantenimiento del nivel de renta de los agricultores.


Así lo ha trasladado al Consejo de Gobierno Carmen Ortiz, la titular de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, quien ha recordado que “el sector agroalimentario aporta en torno al 8% del Producto Interior Bruto regional y el 10% del empleo”. La consejera también ha subrayado la importancia de las ayudas directas y al desarrollo rural para la comunidad autónoma, con cerca de 1.900 millones de euros al año y más de 45.000 millones recibidos durante las últimas tres décadas.


Como principales objetivos para la negociación, la Junta señala un presupuesto suficiente y garantizado; el mantenimiento del nivel de renta de los agricultores; la adaptación a la diversidad de los sistemas agrarios de la región; una mayor eficiencia y menor burocracia; la especial atención a evitar la despoblación del medio rural y las explotaciones de pequeño tamaño; el fomento del equilibrio de la cadena alimentaria, el relevo generacional y la innovación, y el apoyo a la sostenibilidad social, económica y ambiental.


El modelo de la PAC ha sido puesto en duda por algunos Estados miembros de la Unión, por lo que la Junta ha anunciado que “respaldará al Gobierno en la defensa de estos principios inspiradores”. La necesidad de mantenerlos será expuesta en la próxima Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural entre la Administración central y las comunidades autónomas, convocada para los próximos días 27 y 28 de marzo.


Por otra parte, la Junta ha creado un grupo de trabajo, con representantes de las organizaciones profesionales agrarias y la entidad Cooperativas Agro-alimentarias, que se encargará de realizar el seguimiento de la negociación con Bruselas y de canalizar las aportaciones del sector.


La Comisión Europea inició el 2 de febrero una consulta pública sobre el futuro de la PAC. El proceso, que estará abierto hasta el 2 de mayo, ya ha recibido más de 12.000 respuestas. Está previsto que a finales de 2017 se presente una comunicación sobre las prioridades futuras y que durante el primer trimestre de 2018 vean la luz las propuestas de reglamentos, que se debatirán hasta 2019.