Olimerca.- En el día de ayer la consejera de Agricultura del Gobierno de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, inauguró el Laboratorio Regional Agroalimentario y Ambiental de Castilla-La Mancha (LARAGA) afirmando que permitirá optimizar los recursos humanos y económicos y mejorar la calidad y rapidez de respuesta en los análisis agroalimentarios y ambientales de la comunidad”.

Las instalaciones del LARAGA se ubican en Toledo, en la que se encuentra la Unidad Analítica Regional Agroambiental; mientras que la sede de Talavera de la Reina, acoge la Unidad Analítica Regional de Sanidad Animal. Además, en cada provincia se habilita un centro de recogida de muestras para facilitar y agilizar los procedimientos y mejorar los mismos en la cadena de custodia.

La consejera ha explicado que el LARAGA surge de la fusión -bajo una misma coordinación y dirección- de las unidades de análisis de 15 centros, proceso que se ha llevado a cabo de forma escalonada desde el año 2012.

También ha señalado que el LARAGA “cubre las necesidades para los servicios de inspección y control de la Consejería de Agricultura en todos sus ámbitos de competencias, con analíticas que cumplen las normas ISO, acreditadas por AENOR”.

Asimismo, Soriano ha indicado que “este laboratorio pone a disposición de los sectores agroalimentario y ambiental de Castilla-La Mancha sus servicios sin competir en precios de mercado con otros centros de control privados, para cumplir así con las reglas de libre competencia".

El laboratorio cuenta con un amplio catálogo de servicios en materias sanidad animal y vegetal, análisis de productos derivados de la uva, análisis genómico, calidad del aire, control agroambiental, ensayo para la certificación de semillas, plaguicidas, fertilizantes, uso ilegal de venenos, análisis del plan de expansión del lince, piensos, residuos, mieles o aceites, entre otros.

La titular de Agricultura ha destacado que, además de las mejoras en el servicio, la unificación de los análisis en dos centros de referencia supone un ahorro de costes estructurales del 62 por ciento, al pasar de 5,6 millones al año a 2,1 millones, a lo que hay que sumar que la centralización rebaja el coste de materiales en otro 43 por ciento, reduciendo la cuantía de 625.000 a 375.000 euros por ejercicio.