Olimerca.- Las repercusiones del Reglamento Ómnibus sobre el sector agrario pueden ser importantes, ya que afecta a las principales partidas de gasto de la Unión Europea, entre las que se encuentra la Política Agrícola Común, y su aprobación conllevará modificaciones en los reglamentos de mayor peso de esta política como son el de la Organización Común de Mercados Agrícolas (OCM Única) y los relativos a los Pagos Directos y al Desarrollo Rural.

Por ello, el consejero andaluz de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, ha recalcado que ahora hay que “recoger el guante lanzado por las instituciones comunitarias” y aprovechar las oportunidades que ofrece esta normativa. “Allí donde tenemos margen de maniobra, el Gobierno de Andalucía va a hacer lo que le corresponde de la mano del sector y sus representantes”, pero es “absolutamente imperativo” que el Estado “sea valiente y ágil” y haga lo mismo, ha afirmado el consejero. De este modo, Sánchez Haro ha pedido al Gobierno central que “no niegue a los agricultores y ganaderos andaluces las medidas tan positivas que por fin vienen de Bruselas” y que se corresponden con demandas del propio sector de Andalucía.

El pasado 12 de octubre se alcanzó un acuerdo provisional por parte del Parlamento Europeo y el Consejo de la UE sobre el paquete agrícola del Reglamento Ómnibus que posteriormente (6 de noviembre) respaldó el Comité Especial de Agricultura. Tras la aprobación definitiva del reglamento que contiene el paquete agrícola, las medidas incluidas podrían comenzar a materializarse a partir del 1 de enero de 2018, si bien buena parte de ellas dependen de su aplicación por parte del Ministerio de Agricultura. Por ello, el impacto real en el sector agrario andaluz “va a depender en gran medida de las decisiones del Estado”, ha recalcado el consejero.

En cuanto a los Pagos Directos, la modificación del Reglamento permitirá aumentar del 25% al 50% el pago adicional al pago básico que reciben, en función de sus derechos, los jóvenes agricultores y ganaderos durante los primeros cinco años de actividad. Asimismo, se dará margen de maniobra en las ayudas asociadas de la PAC, que podrán revisarse por parte de los Estados miembro cada año frente a la situación actual, que no permite ninguna modificación desde 2016.