Olimerca.- Parecía que este verano se iba a cerrar sin demasiados sobresaltos en el mercado del aceite de oliva, dominado por unos precios sostenidos en origen, unas buenas salidas de aceite durante los últimos meses y todo ello en un contexto de gran tranquilidad, a la espera de las lluvias y del inicio de la nueva recolección temprana en octubre. Pero parece ser que la gran distribución ha vuelto a la carga para dar la nota con el aceite de oliva. Una vez más, y ya es la segunda promoción en tres meses, la cadena DIA ha vuelto a la carga ofreciendo en sus lineales una oferta aceites de oliva en vigor desde el 25 de agosto al 7 de septiembre a 2,19€/litro.

A las organizaciones agrarias les ha faltado tiempo para denunciar una vez más esta política de precios a la baja ante las autoridades competentes, entre ellas la AICA, que sin duda harán las inspecciones pertinentes, derivarán la información a las administraciones autonómicas y poco más; porque encontrar las pruebas necesarias que demuestren unas prácticas fuera de la ley se presenta cada día más complicado.

El problema está en que esta denuncia, como otras anteriores, tanto a DIA como otras grandes superficies se quedarán en papel mojado por no poder demostrar que realmente se llevan a cabo ventas a pérdidas. El procedimiento es bastante simple, aunque a muchos se nos escape o se nos olvide: Cuando un operador de la distribución comercial formaliza un acuerdo de compra de aceite de oliva (oliva, virgen o virgen extra) hablamos de contratos de grandes volúmenes en el que se contemplan acciones promocionales puntuales a precios mínimos o los tradicionales 3x2, o descuentos de hasta el 70%.

El industrial envasador que llega a un acuerdo anual con alguna central de compra ya asume de antemano que tendrá que someterse a estas prácticas promocionales puntuales, con contratos firmados y aceptados. Así, resulta muy difícil que prosperen las demandas de venta a pérdidas, cuando detrás hay una firma del industrial que lo avala. Además, todo el mundo conoce que estas políticas de la gran distribución de captación de clientes son perfectamente legales, con lo que poco más hay que decir al respecto.

Llegados a este punto mi pregunta es ¿para qué sirvió aquel acuerdo firmado en la sede del Ministerio de Agricultura hace ya más de dos años, donde se encontraban los máximos representantes del sector de la gran distribución comercial, asociaciones, etc en la que se comprometían a defender, valorizar en su justa medida y prestigiar el aceite de oliva español en los lineales, evitando su banalización y sobre todo informando al consumidor de manera clara y transparente.

Quien hizo la ley hizo la trampa y todos estos hechos ponen de manifiesto que la solución al problema no es fácil si de verdad no hay un verdadero compromiso del último eslabón de la cadena de valor del aceite de oliva.