Olimerca.- Cada año por estas fechas, cuando comienza la recogida de la aceituna y se inicia la campaña de elaboración del aceite de oliva y las aceitunas de mesa, es inevitable enfrentarse al tema de los contratos agrarios y de los precios que percibe el agricultor por sus productos, y que desde el Ministerio de Agricultura se ha tratado de atajar con una ley que ofreciera tranquilidad al productor frente a algunos despropósitos del resto de la cadena de valor.

Desde hace años, en el caso del agricultor de verdeo asistimos a la obligación de entregar sus aceitunas a las industrias sin un precio concertado y en ocasiones sin contrato, presionado sobre todo porque hablamos de un producto que no se pueden almacenar ni conservar para poder negociar mejores condiciones.  Este mismo problema no es único en el sector del olivar, y por supuesto que afecta a otros muchos sectores agrarios, que se ven presionados por los grandes operadores intermediarios que juegan con la necesidad del agricultor de vender y la imposibilidad de negociar en las mismas condiciones.

Ante estas circunstancias el Magrama aprobó una ley (única en la Unión Europea), promovida principalmente por la organización agraria Asaja, que permite garantizar la seguridad y ofrecer mayor tranquilidad a los agricultores. Una ley de obligado cumplimiento desde este año pero que va a tener que ir ajustándose a las características intrínsecas de cada uno de los sectores y de los operadores que ellos actúan.

Sobre todo en el caso del aceite de oliva, donde las características de funcionamiento de este mercado hacen que aplicar estos contratos agrarios supongan en ocasiones una pérdida económica importante al agricultor y un conflicto de intereses a la almazara industrial.

El aceite de oliva es un producto que, por desgracia, sufre todos los años importantes altibajos en los precios  en origen provocados por un lado por la inestabilidad de las cosechas sujetas en gran medida por la vecería y por cuestiones meteorológicas y por otro la presión que ejerce la distribución comercial a la hora de negociar el PVP. Todo ello sin duda son factores que generan una inestabilidad en los mercados y en consecuencia vaivenes en los precios.

En este contexto, mientras que el agricultor que entrega sus aceitunas a la cooperativa en el mes de noviembre o diciembre tiene que esperar casi una campaña para saber cuál ha sido el precio medio de la venta del aceite de oliva obtenido y cuáles serán sus ingresos; en el caso de las almazaras industriales los propietarios se ven obligados a liquidar a los agricultores a un precio prefijado, y en un plazo de un mes máximo.  Y es en este punto donde los dueños de las aceitunas consideran que se ven perjudicados porque pierden la capacidad de decidir si para ellos es más interesante liquidar en diciembre, enero o marzo.

En un mercado donde el precio del aceite fluctúa en ocasiones hasta por días, el hecho de que el agricultor pueda decidir el momento de la liquidación de sus aceitunas sin duda que ayuda a mejorar los precios percibidos.

Hace unos días representantes del sector de las almazaras industriales mantuvieron un encuentro con el Magrama para plantear estas necesidades y parece ser que hubo un primer acuerdo para encontrar una fórmula que fuese beneficiosa para el agricultor y facilitara las relaciones comerciales con las industrias.

Ahora la última palabra la tiene el agricultor que será el que decida donde entregar sus aceitunas y quien las defiende al mejor precio en los mercados.